Un presunto desvío de recursos por al menos 70.1 millones de pesos fue detectado en el atestiguamiento de auditoría que dos despachos externos al Gobierno de Sonora, Gossler S.C. y Horwath Castillo Miranda, realizan a la pasada administración estatal.
En conferencia de prensa junto al gobernador Guillermo Padrés Elías, el secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, informó que se trata de 22 cheques emitidos desde el 13 de febrero al 3 de julio de 2009.
Se detectaron disposiciones de efectivo realizadas con cheque, en los cuales se utilizaron nombres de personas que laboran en la Tesorería del Estado, sin que estos servidores hayan tenido conocimiento de la existencia de estos documentos
El funcionario admitió que desconocen quién o quiénes cobraron las cantidades que suman un total de 70.1 millones de pesos y para qué fin fueron utilizadas.
SIN NOMBRES
Según las cifras ofrecidas, en febrero se cobraron cheques, expedidos a nombre de cinco funcionarios de nivel medio, por 17.5 millones de pesos.
En marzo 2.5 millones de pesos, en abril hubo retiros por 7.5 millones de pesos, en mayo 26 millones de pesos, en junio 3.6 millones de pesos, y el 1 y 3 de julio se retiraron 13 millones de pesos.
Las auditorías que se realizan obedecen a la investigación para entender por qué se encontró un déficit de mil 400 millones de pesos, anunciado el 5 de octubre por la Secretaría de Hacienda.
El gobernador Padrés Elías rechazó dar a conocer los nombres de los funcionarios a quienes presuntamente se les realizaron los cheques debido a que existe una investigación en proceso.
Ante la pregunta de si había la sospecha de que los recursos supuestamente desviados se utilizaran con fines electorales, el mandatario respondió que habría que esperar al resultado de la investigación.
Exige la IP llegar hasta las últimas consecuencias
Determinar e informar con claridad y puntualidad sobre quiénes cobraron los cheques por 70.1 millones de pesos, exigen al Gobierno del Estado los empresarios de Sonora.
Si ese recurso se malgastó es necesario llegar hasta las últimas consecuencias y aplicar las sanciones legales que la ley señale o demandar la reposición de los fondos, coincidieron.
Los señalamientos del gobernador del Estado, Guillermo Padrés, son graves y no pueden quedarse sólo en declaraciones, pues se debe llegar hasta las últimas consecuencias, consideró Gerardo Soto Cota, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).
Óscar Cuéllar Rosas, vicepresidente nacional de Coparmex, confía en que se presente un dictamen de la aplicación de los recursos.
“Que se identifique para qué se usaron los recursos y si hay anomalías estamos en plena confianza de que se actuará conforme a lo que señale el marco de la ley”, indicó.